La gestión de los plazos de pago y cobro es una prioridad para cualquier negocio. La posibilidad de quedarse sin liquidez al no medir bien las fechas de entrada y salida de efectivo puede llevar a situaciones de tensión financiera y poner en peligro la actividad.

Para combatir los efectos colaterales de la morosidad la ley determina unos plazos máximos de pago a proveedores. Será ilegal imponer plazos superiores y se regulan los derechos del acreedor ante la falta de pago.

Esta normativa solo es aplicable a las operaciones comerciales entre empresas, es decir, cuando los clientes son también empresas o profesionales. Todos los intercambios comerciales deben estar documentados en la factura correspondiente o documento de pago equivalente. La ley también define cuando se debe emitir esa factura ya que el proveedor debe entregar la factura a su cliente en un plazo máximo de 30 días, a contar desde la fecha de entrega efectiva de los bienes o servicios.

Plazo pago de facturas entre empresas

Como norma general, la ley establece que ningún acuerdo comercial podrá fijar un plazo superior a los 60 días naturales para el pago de una factura. Cuando no se haya negociado un día concreto el cliente debe pagar antes de 30 días naturales desde la entrega de la mercancía o la prestación de los servicios. Aunque hubiese recibido antes la factura.

  • Si hay un plazo fijado, la recepción de la factura de forma electrónica servirá para iniciar el cómputo del mismo. La factura electrónica siempre debe garantizar la identidad del emisor, la integridad y autenticidad de los datos y la recepción por parte del destinatario.
  • Si en el contrato comercial se establece un periodo para que el cliente pueda revisar y confirmar los materiales o servicios recibidos, éste no podrá pasar de 30 días naturales desde la fecha de suministro. En este caso, se pagará antes de 30 días naturales desde la fecha de aprobación.

El proveedor puede recopilar facturas emitidas durante un plazo determinado (inferior a 15 días) en una única factura recapitulativa. En este caso, el plazo de pago se inicia en la mitad del periodo recopilado y no podrá superar los 60 días.

Estos plazos se pueden ampliar por acuerdo entre las dos partes pero sin superar, en ningún caso, los 60 días naturales.

Plazo pago facturas administración pública

La ley 9/2017 de Contratos del Sector Públicos establece que la Administración tiene un plazo para pagar de 30 días naturales, eso sí, empiezan a contar cuando la entidad correspondiente haya aprobado el suministro recibido o las certificaciones de obra. La aprobación de las certificaciones o de los documentos de entrega de mercancía o servicios debe confirmarla en los 30 días siguientes a la prestación.

Por tanto, teniendo en cuenta los dos periodos (de aprobación y de pago) el plazo máximo de pago en las AAPP no puede superar los 60 días naturales. Similar a las operaciones privadas entre empresas. Si la entidad pública se demorase en el pago el proveedor o contratista tendrá derecho al cobro de intereses por los días de retraso y a una indemnización por los costes de la  gestión de cobro fallida.

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