El Gobierno ha manifestado un principio de acuerdo en cuanto a las pensiones, estando su revalorización asociada a la inflación, tomando como base el índice de precios al consumo.

Este pacto, conocido como Pacto de Toledo, no relega de otros indicadores para determinar el incremento de las prestaciones por jubilación, principalmente cuando consiste en mejoras que superan el incremento de los precios.

Esta resolución tiene que formalizarse en la mesa de portavoces del Pacto de Toledo, a la que se ha unido una gran mayoría de los grupos con representación en la comisión, después de dos años de negociaciones.

Estamos ante un principio de alianza que actúa como sugerencia al mantenimiento del poder adquisitivo y progreso de las pensiones, por lo que no se prevé una traslación normativa próxima. En este caso, tendrá que ser el Gobierno quién consultando con los agentes sociales, haga un planteamiento de medidas concretas para que luego sean aceptadas en el Parlamento.

En todo caso, los grupos parlamentarios han celebrado la recuperación del consenso, a pesar de que el texto final está pendiente de aprobación, seguramente, luego abra diversos análisis e interpretaciones.

Además, este primer texto hace alusión a las recomendaciones que ya se lanzaron en 2011, cuándo La Comisión consideró fundamental, con intención de percibir la confianza de la ciudadanía, recuperar el acuerdo de la Recomendación del ‘Mantenimiento del poder adquisitivo y mejora de las pensiones’, aprobado en el año 2011 en el marco de las Recomendaciones del Pacto de Toledo.

Dichas advertencias o consejos, fueron admitidas con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, quiénes aclaraban el hecho de poder usar otros índices de revalorización centrados en el crecimiento de los salarios, la evolución de la economía o el comportamiento de las cotizaciones a la Seguridad Social.

De esta forma, se aprecia abiertamente una revalorización anual de las pensiones en base al IPC real, este es el mecanismo que ha de ayudar a conservar el poder adquisitivo de las pensiones, actuando como indicador básico el dato de inflación efectivo, compensando, si sigue la recomendación, las desviaciones del IPC previsto.

Se indica también que la revalorización tiene que poder distinguirse de cualquier otra acción de mejora, encaminada no a mantener, sino a aumentar el poder adquisitivo.

Así, el texto consensuado indica la posibilidad de introducir un nuevo índice de revalorización centrado en distintos factores, como los ingresos y gastos de la Seguridad Social o el número de pensiones contributivas.

Finalmente, el principio de acuerdo indica que el desarrollo de lo establecido en dicha recomendación, queda a cargo del Gobierno y el Parlamento, teniendo que ser consultado y debatido por dicha Comisión.

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