Los miembros de un Consejo de Administración que mantienen funciones ejecutivas, han sido sometido a discusión para aclarar cómo deben actuar frente al régimen tributario y en relación a las remuneraciones que puedan percibir, comprendiendo también las obtenidas en especie.

La teoría más afianzada es la teoría del vínculo, avalada por el propio Tribunal Supremo tras interpretar la Ley del Impuesto de Sociedades (Ley del IS), posterior a la modificación producida en 2015 que aclara el hecho de que la remuneración percibida por los administradores en el cumplimiento de sus funciones de alta dirección son deducibles.

De esta forma, podemos decir que en términos generales, la valoración de las remuneraciones en especie que se adjudican a los administradores con desempeños ejecutivos, se había venido haciendo según al valor normal de mercado de los bienes y servicios que conformaban la propia remuneración, al estimar que son partes vinculadas.

Sin embargo, con la modificación mencionada de la Ley del IS, se comienza a aplicar las reglas especiales de valoración previstas en la Ley del IRPF. Así, ante cualquier remuneración en especie otorgada a los miembros del consejo de administración, debe tasarse atendiendo al valor del mismo mercado.

Atendiendo al concepto de remuneración en especie, precisar que cabe incluir la utilización, consumo u obtención, para fines particulares, de bienes, derechos o servicios de forma gratuita o por precio menor al valor de mercado, aun cuando no suponga un gasto real para quien las adjudica.

De esta forma, la Ley del IRPF deja fuera de esta tributación a la concesión de bienes y la prestación de algunos servicios como el de vales de comida, servicios de guardería o seguro médico. En estos casos, se determina un valor específico para cada servicio, como también ocurre con la utilización de una vivienda propiedad del pagador, uso de vehículos automóviles, etc.

En los casos que dichas retribuciones son concedidas a un administrador,  genera dudas de si hay que aplicar el régimen tributario previsto en la Ley del IRPF o en su defecto, entenderlas como retribuciones concedidas a “empleados” o “trabajadores”, conceptos que no entrarían dentro de lo que se ha comprendido en la teoría del vínculo.

Dicho lo anterior, es el momento de hacer referencia a lo que dice la propia Dirección General de Tributos, que ha considerado que las reglas especiales de valoración establecidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (Ley del IRPF) son aplicables a las retribuciones en especie concedidas a los administradores.

Entre dichas retribuciones se comprenderán la cesión de uso de vehículos, las de viviendas, los préstamos a tipos de interés inferior al legal del dinero o los descuentos sobre bienes y servicios que conformen la actividad normal de la empresa.

Para todo lo demás, a los administradores no se les aplicará las exenciones previstas en la normativa del impuesto para determinadas retribuciones, como son la comida, el servicio de guardería, la prima del seguro médico,  siempre y cuando, el régimen tributario esté asociado a la condición de “empleado” o “trabajador”.

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